La «fuga económica» a nivel municipal por piscinas no regularizadas es significativa, ya que cada piscina sin declarar supone una pérdida continua de ingresos fiscales por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para los ayuntamientos españoles. La falta de regularización implica que estas construcciones, que aumentan el valor catastral de una propiedad, no tributan correctamente.
Reflexión sobre la Fuga Económica Municipal
Las piscinas se consideran elementos de lujo o construcciones permanentes que incrementan el valor de una vivienda y, por ende, su base imponible para el cálculo del IBI. Cuando una piscina no se declara oficialmente, los ayuntamientos dejan de recaudar una cantidad importante de dinero anualmente, lo que representa una «fuga» en las arcas municipales.
El Mecanismo de la Evasión
La ley exige que cualquier nueva construcción, ampliación o rehabilitación de un bien inmueble, incluyendo piscinas, sea declarada al Catastro en un plazo de dos meses mediante el modelo 902N para su correcta inscripción. Muchas piscinas se construyen sin obtener el permiso de obras obligatorio y, consecuentemente, sin regularizar su situación catastral, evadiendo así el pago de impuestos asociados.
Cifras de la Irregularidad
Aunque no existen datos consolidados y recientes del número exacto de piscinas no declaradas a nivel nacional, auditorías y planes de regularización catastral realizados en años anteriores han identificado decenas de miles de construcciones irregulares, incluyendo piscinas, en diversas comunidades autónomas. Por ejemplo, en Galicia se identificaron más de siete mil piscinas ocultas en un solo plan de regularización, y en la Comunidad de Madrid, Hacienda detectó más de 11.500 piscinas sin declarar mediante el uso de fotografía aérea y teledetección.
Impacto en los Servicios Públicos
La consecuencia directa de esta evasión fiscal es la merma de recursos destinados a financiar servicios públicos esenciales a nivel local, como el mantenimiento de infraestructuras, servicios de limpieza, alumbrado público, parques y jardines. Los ingresos perdidos por estas piscinas «ocultas» deben ser compensados con la recaudación de otros contribuyentes, generando una situación de inequidad fiscal entre los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias y los que no.
Soluciones y Consecuencias
Las administraciones locales están utilizando herramientas tecnológicas, como drones e imágenes satelitales, para detectar estas irregularidades y obligar a los propietarios a regularizar su situación. La regularización no solo implica el pago de la diferencia en el IBI de los últimos años (con intereses y recargos), sino también posibles multas por no haber declarado la construcción en su momento. La piscina se grava con el tipo impositivo general del 21% de IVA en su construcción y aumenta permanentemente el IBI.
