La piscina ilegal de Pedro J. Ramírez: qué dice la ley y qué puede pasarte a ti

La piscina ilegal de Pedro J. Ramírez y lo que cualquier propietario debería saber

El Govern balear acaba de autorizar la demolición de la piscina, terraza y embarcadero del periodista Pedro J. Ramírez en la Costa dels Pins (Son Servera, Mallorca). Una sentencia de la Audiencia Nacional declaró ilegales las instalaciones por ocupar dominio público marítimo-terrestre sin autorización en vigor. Más de 25 años de litigio terminan con una orden de derribo. El caso es excepcional por su dimensión mediática — pero las causas que lo originan no lo son. En España hay miles de piscinas en situación irregular, y muchos propietarios no lo saben hasta que reciben la notificación.

¿Por qué ordenan demoler la piscina de Pedro J. Ramírez?

Las instalaciones ocupan dominio público marítimo-terrestre, es decir, una franja de costa que pertenece al Estado. La Ley de Costas establece que solo se puede ocupar este espacio para actividades que, por su naturaleza, no pueden tener otra ubicación. Una piscina privada no cumple ese criterio. La concesión original fue otorgada en 2001, recurrida judicialmente, y la Audiencia Nacional la declaró nula en 2021. El Tribunal Supremo rechazó el recurso posterior. Cinco años después, se ejecuta la sentencia.

¿Qué tiene que ver esto con tu piscina?

La mayoría de piscinas privadas en España no están en dominio público marítimo-terrestre — ese es un caso particular de la Ley de Costas. Pero sí pueden tener otros problemas legales igual de reales: · No constar en el Catastro Inmobiliario · No disponer de licencia de obra municipal · Haber sido construidas sin proyecto técnico · Tener documentación incompleta o desactualizada En todos estos casos, las consecuencias son similares: requerimientos municipales, sanciones económicas, problemas en la venta de la vivienda o exclusión de la cobertura del seguro.

¿Puede el ayuntamiento ordenar demoler mi piscina?

Sí, en determinadas circunstancias. Si una piscina se construyó sin licencia en suelo no urbanizable, o incumple la normativa urbanística de forma grave, el ayuntamiento puede iniciar un expediente de restauración de la legalidad urbanística que puede acabar en orden de demolición. La prescripción de infracciones urbanísticas varía por comunidad autónoma, pero en ningún caso es universal ni garantizada. Muchos propietarios asumen que «por los años que lleva» no puede pasar nada — el caso de Pedro J. Ramírez demuestra que los plazos administrativos y judiciales pueden ser muy largos, pero las sentencias acaban ejecutándose.

¿Qué puedes hacer si tu piscina no está regularizada?

El primer paso es conocer tu situación real: si la piscina consta en el Catastro, si dispone de licencia municipal y si la documentación técnica existe y está actualizada. Con esa información, es posible valorar qué trámites son necesarios y en qué plazo. Regularizar una piscina de forma voluntaria, antes de recibir un requerimiento, es siempre más sencillo y económico que hacerlo bajo presión administrativa.